NOTAS DE ACTUALIDAD.

En este apartado incluiremos algunas referencias legales o jurisprudenciales que puedan ser de interés general. No aceptamos responsabilidades por el hecho de que el usuario de la información, pueda hacer algo o no hacerlo, como consecuencia de la misma.


I.- PLUSVALÍA MUNICIPAL.

  • El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a este impuesto declarando anticonstitucional el gravamen automático de los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana sin otorgar al contribuyente la prueba en contrario de que no se ha producido dicha ganancia.

  • El Tribunal declara la inconstitucional, pero únicamente en la medida en que somete a tributación situaciones inexpresivas de incrementos de valor, y además modifica la tributación de la base imponible para los supuestos de existencia de incremento de valor de los terrenos.

  • Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, se admite como prueba los que consten en los títulos en los que se ha documentado la transmisión o bien en su caso los valores que han sido comprobados por la Administración.

 

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II.- SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (sentencia 2065/2017) de 21 de diciembre de 2017 (recurso 496/2017) establece, como novedad sobre sentencias anteriores que cuando se solicite la suspensión del procedimiento, con o sin garantías, dicha solicitud debe ser admitida siempre a trámite, a fin de que pueda estimarse o desestimarse en cuanto al fondo.

La principal novedad de dicha sentencia, es que el solicitante de la suspensión, que no ha visto su pretensión estimada, debería disponer de un nuevo plazo en voluntaria para atender el pago de su obligación. En suma, deberá concedérsele un nuevo plazo de pago en voluntaria, antes de incrementar la deuda con recargos.

 

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III.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (10/2018) de 9 de enero de 2018 (recurso 2980/2016) ha reiterado el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, declarando que el proceso contencioso no es, pese a su carácter revisor, un proceso al acto, sino un proceso en el que deben enjuiciarse con toda plenitud las pretensiones que, en relación con dicho acto, se deducen.

En suma, el TS dice con claridad que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface de forma plena cuando se aborda no solo la legalidad formal o extrínseca del acto recurrido, sino la procedencia o no en cuanto al fondo de la pretensión que en dicho proceso se articula.

Es decir, la Sala de instancia (la Audiencia Nacional) debe acometer sin restricciones el fondo de la cuestión planteada en el proceso, teniendo en cuenta la pretensión oportunamente deducida en la demanda, de manera formal y expresa y articulada a través de un bagaje aleatorio y probatorio suficiente, y no puede desdeñarse sin justificación alguna que lo posibilite. Razonamiento, que tilda de arbitraria la resolución judicial que encomienda a la Inspección o al Tribunal Central las decisiones de fondo que se han articulado debidamente ante la Audiencia, con quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1.CE). Razonamiento, que no requiere mayores comentarios, pues como dice el brocardo latino in claris no fit interpretatio. En última instancia lo que el Tribunal viene a decir es que no es procesalmente correcto estimar parcialmente la demanda y reenviar el expediente para que la Administración efectúe un pronunciamiento expreso en cuanto al fondo, ya que el denominado principio revisor permite un juicio pleno, no ya del acto, sino de las pretensiones oportunamente deducidas frente a su validez.

 

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IV.- SOBRE EL MODELO 720 (Bienes en el extranjero)

En febrero del año 2017, la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado, en el que se invita al Reino de España a ajustar su normativa sancionadora, excesiva a todas luces, bien sea por la falta de presentación o por la presentación extemporánea de la declaración, que debe presentarse en el modelo 720, por todos los bienes y derechos que se tienen en el extranjero. No obstante y como ya viene siendo habitual, España ha incumplido su obligación de ajustar la normativa, y todo hace pensar que no va a cumplirla, por entender que la norma no fue recurrida y es plenamente constitucional.

Una vez más, los tribunales están poniendo las cosas en su sitio, para evitar los efectos económicos de la aplicación de las sanciones actuales, que entre unas cosas y otras puede suponer que se sancione la falta de presentación o incluso la presentación extemporánea, como hemos dicho, con un 150% de la cuota del Impuesto sobre la renta, al considerar como incremento no justificado el valor de los bienes no declarados.

Así, la sentencia de 28 de noviembre de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha entendido que las sanciones derivadas de la presentación extemporánea del modelo 720 son nulas de pleno derecho; haciendo hincapié además en la desproporcionalidad que tienen estas sanciones, incluso en el caso que de forma voluntaria se haya presentado dicho modelo fuera de plazo. Resaltando, que no es admisible que se apliquen sanciones automáticas sin la debida motivación y sin realizar tampoco mención alguna al dictamen emitido por la Comisión Europea al respecto.

 

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